En octubre de 2018 se promulgó la ley de rendición de cuentas que en su articulado incluía el 349, donde se facultaba al Poder Ejecutivo de Uruguay a fomentar la transición energética del transporte público colectivo de pasajeros mediante la implementación de un subsidio que permitiese la sustitución de ómnibus a diesel por eléctricos, hasta un tope del 4% de la flota total.
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